La maniobra para intentar voltear la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para la ampliación de dos gasoductos tuvo otro traspié. La Cámara Federal rechazó todos los recursos presentados y pidió que avance la investigación. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas.
La causa es un desprendimiento de un expediente que comenzó en 2007, tras una denuncia del fiscal Carlos Stornelli. En 2019, el juez Daniel Rafecas separó la investigación y avanzó solo con las imputaciones por presunto desvío de poder. Pero el año pasado sobreseyó a todos los acusados por las presuntas coimas: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado a la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.
Ese fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci, y luego la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos, le sacó la investigación a Rafecas y se la dio a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Cuando la causa parecía cobrar impulso, la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, planteó la prescripción. A esa jugada se le sumaron varios imputados.
Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máxima de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). Y que la causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).
Capuchetti rechazó los planteos porque comprobó que uno de los imputados sigue siendo funcionario (Cristian Folgar) y otro dejó de serlo en 2020 (Julio Bragulat).
En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y la empresa CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó hace cinco años.
En esa causa también están imputados Bautista Marcheschi, Luis Beuret, y los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares, a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Así consta en un documento aportado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El avance de la investigación demoró años porque gran parte de la prueba estaba afuera del país. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.
Luego de varias idas y vueltas, la causa cobró nuevo impulso con el fallo de la Cámara Federal.
Antes de la feria, la Sala II confirmó, por dos votos contra uno, la decisión de Capuchetti de rechazar los planteos de prescripción.
“Las defensas (al menos con los argumentos que en este momento se han vertido y lo verificado hasta esta altura) no logran demostrar, concretamente, la afectación invocada, pues la tramitación del sumario, si bien no fue la deseable, no tiene entidad por sí sola para afirmar que ha perdido razonabilidad», sostuvo el camarista Roberto Boico.
En tanto, Martín Irurzun opinó que la prescripción estuvo suspendida hasta octubre de 2017 porque De Vido era diputado y desde agosto de 2022 hasta el día de hoy por la función de Folgar. También destacó la complejidad de la investigación, los exhortos internacionales, y las traducciones y peritajes que se encargaron durante el desarrollo de la causa.
En cambio, Eduardo Farah votó a favor de la prescripción. En su voto destacó que pasaron 17 años desde la apertura de la causa original, y que la Fiscalía pidió el archivo y consintió los sobreseimientos. “El cierre del expediente resulta un imperativo y que debe sobreseerse a todos los imputados, sin que sea necesario abordar la discusión relativa al vencimiento o no de los plazos legales de la prescripción», sostuvo.
Farah ya había votado en contra de la apelación de la UIF en 2024.
