La política argentina todavía sufre las esquirlas de la bomba que estalló en el 2023. Javier Milei capitalizó la demanda de una sociedad que se agotó por un sistema que fracasó en el gobierno del Frente de Todos y se quedó sin respuestas en la oferta de la ex coalición de Juntos por el Cambio que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia en el 2015. El presidente libertario llegó al poder con ese mandato: una especie de cheque en blanco para satisfacer las necesidades que la política tradicional no supo resolver, con especial énfasis en la inflación, un karma que pulverizó los salarios y que el último kirchnerismo intentó maquillar con una fenomenal emisión que motorizó el consumo pero que forzó las cuentas públicas al borde del colapso.
Milei ancló su primer año y medio de gestión en ese logro: el ordenamiento de la macroeconomía y un programa de estabilización que domesticó el alza de precios y que blandió como su principal plataforma de gobierno, a costa de un severo ajuste del déficit, y acompañado de una política de orden callejero y una agresiva campaña de comunicación permanente que en los últimos meses se agravó con difamaciones a dirigentes opositores y denuncias a periodistas que el propio presidente motorizó con llamados a sus colaboradores hasta altas horas de la noche. Un modelo efectivo, suficiente para transitar el primer tramo del mandato en épocas de escenarios fragmentados, un fenómeno que se replica en la región y en el mundo.
En las últimas semanas, sin embargo, se encendieron luces de alerta en el tablero del gobierno. Al desgaste interno por la pelea cada vez más evidente entre las tribus que se referencian en dos de los vértices del triángulo de hierro se sumaron algunos signos de alarma en el programa económico, en particular en la vida cotidiana de la sociedad. “La micro está muy mal, cuatro meses es una eternidad: octubre ahora parece que queda lejísimos”, razonó un operador libertario.
En el equipo económico reina una visión mucho más optimista. Se relativizan los datos del déficit de la balanza comercial, motorizado por la demanda de dólares para la importación de bienes de capital y el drenaje por turismo. El atraso del tipo de cambio y el rojo en la cuenta corriente, que se deterioró más rápido de lo previsto, inquieta a los economistas. “Se enamoraron de un tipo de cambio muy bajo, y todavía no sabemos de dónde van a salir los dólares para que esto funcione. Pero calma: la mayoría de los programas de estabilización fracasan entre el mes 25 y el 32, todavía hay tiempo, falta un montón”, aseguró un economista que asesora inversores. El viernes, las pizarras de la city marcaron un dólar récord desde la salida parcial del cepo, a mediados de abril.
En ese contexto, puertas adentro del Ejecutivo empezaron a analizar, en el tránsito hacia las elecciones de octubre, en cuál es la conveniencia de azuzar la falta de acuerdos con los aliados que, de agudizarse, podría impactar de manera directa en el plan económico. La señal más nítida se dio en estas últimas semanas con la mini-rebelión que propiciaron los gobernadores, cansados del destrato público y privado y agobiados porque, en un buen número, las cuentas no les cierran.
Sin respuestas por parte del Gobierno, senadores de todos los bloques, con excepción de La Libertad Avanza, presentaron el miércoles a las 7 de la tarde en la mesa de entradas del Senado los dos proyectos que le acercaron previamente a la Casa Rosada para intentar negociar una solución: la distribución de los Aportes del Tesoro (ATN) y un reparto más equitativo y directo del impuesto a los combustibles líquidos. La semana anterior, senadores aliados le habían avisado a Guillermo Francos, en la previa de su presentación fallida en la Cámara alta, que había unanimidad para avanzar con ambos proyectos. El jueves, la oposición encendió otra señal de alarma en el tablero del gobierno: logró imponer un dictamen de mayoría y convocar para esta semana a sesión especial por el aumento en las jubilaciones. “Nos atormenta el impacto de la política en la economía”, opinó un asesor oficial.
El avance de los gobernadores exhibe la disputa interna cada vez más evidente entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo, una puja que se había calmado con el triunfo de LLA y la derrota del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero que volvió a reanimarse por la estrategia electoral que la Casa Rosada, en cabeza de los Menem, empezó a desplegar en las provincias. Corrientes tal vez haya sido un caso bisagra, más allá de las operaciones cruzadas: la inscripción de La Libertad Avanza como frente electoral sin acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés, a pesar del pedido insistente y unificado del oficialismo para que no compita con su hermano Juan Pablo, como probablemente suceda, volvió a reavivar la interna palaciega. “Cómo está hoy la situación, salimos terceros y no vamos a meter ningún diputado. Gran negociación”, deslizaron fuentes enfrentadas con “Lule” y Martín Menem. Cerca de ambos insisten en que LLA está en condiciones de forzar una buena elección.
Corrientes denota, sin embargo, el estado de disgregación general puertas adentro del Gobierno por la relación con los aliados, que entra en una zona de riesgo por el avance de un temario incómodo en el Congreso, capaz de asestarle a Milei su mayor traspié parlamentario en plena campaña electoral.
“La rebelión de los gobernadores le puede voltear el programa fiscal al gobierno. Si eso ocurre es para preocuparse en serio. Si sale eso y también las jubilaciones, el riesgo país termina por las nubes y ahí sí se queman los papeles”, resaltó un diputado aliado, de profesión economista.
La amenaza parlamentaria de los jefes provinciales, que se aglutinaron inéditamente en el CFI, tiene una doble explicación: no tanto el desaire político que padecen desde que Milei llegó a la Casa Rosada, y que hasta ahora acompañaron por el peso del sello oficial y la popularidad del presidente en buena parte del país, que se cruza con los votantes de los gobernadores, si no más aún por el agobio de las cuentas fiscales y la parálisis de la obra pública, que se reproduce en todos los programas nacionales desplegados en las provincias. Ese ahogo de las cuentas públicas tiene mayor nitidez en los municipios.
En la última reunión entre los ministros de Economía provinciales y de la capital en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo notaron algo más vacilante que en encuentros anteriores. “La caja cruje”, reconoció el funcionario, según trascendió, un mensaje tal vez ventilado a propósito para desoír los reclamos provinciales.
Con una caída marcada del consumo, bajan los ingresos. Un ejemplo: un municipio de la primera sección del Gran Buenos Aires empezó recién ahora a ejecutar algo de bacheo, pero en un porcentaje ínfimo en comparación a otros años: “El 20% de lo que se hacía antes”. “Hacemos algo de señalética y pintado del cordón. No hay más obras, bajaron drásticamente los ingresos por recaudación, por los fondos que nos envían desde nación y porque los costos de hacer obra pública son muy altos”, explicaron desde un municipio.
¿Quién conduce? Esa recesión general que sacude al sistema económico de las provincias y los municipios está atravesada además por una conducción anárquica en todos los espacios políticos, acentuada, por ejemplo, en el sindicalismo, que se encamina a una renovación muy atomizada en las elecciones internas de la CGT de noviembre. Ayer, en la previa del congreso del PJ provincial, Andrés Rodríguez, de UPCN, se manifestó en favor de Axel Kicillof.
Un escenario similar se desarrolla en el peronismo, que quedó teñido por la condena a Cristina Kirchner, que se refugió en el PJ como el paraguas para alargar su liderazgo y frente a lo que ya vislumbraba como una segura avanzada de la Justicia. “Cristina al frente del PJ es como poner a un cura que no cree en Dios en la Iglesia”, ironizó Hugo Moyano en uno de los últimos encuentros de la CGT, enfrentado en durísimos términos con su hijo Pablo, que salió del ostracismo para visitar a la expresidenta en su departamento de la calle San José, antes de que se efectivizara la prisión domiciliaria.
La disputa en el seno del peronismo bonaerense, agravada por el enfrentamiento entre Máximo Kirchner y Kicillof; la dispersión del PJ a nivel general, y la fragmentación del radicalismo que le facilitaron a Milei el manejo de la agenda pública le presentan ahora al presidente un escenario incierto de cara a las próximas negociaciones parlamentarias, ante las luces de alarma del programa económico que empezaron a encenderse en el tablero del Ejecutivo y del Palacio de Hacienda.
Frente a ese complejo entramado de actores, el consultor Santiago Caputo se había posicionado como el principal interlocutor con los aliados. “Es el único que entiende la política, y entiendo que está perdiendo la batalla contra los talibanes…”, aseguró un legislador del PRO que mantiene relaciones con el Ejecutivo. La negociación con los gobernadores y el Parlamento servirá como parámetro para dilucidar hasta qué punto ese sistema de toma de decisiones empezó a modificarse. Es decir, para esclarecer si Todo Marcha Acorde al Plan.
El escandaloso final de la sesión en Diputados del pasado miércoles, con diputadas del kirchnerismo trenzadas en una discusión acalorada en pleno recinto con José Luis Espert; la detención de militantes y funcionarias de La Cámpora que escracharon de manera amateur al diputado en su domicilio particular, y la violencia en el edificio de la señal TN, en Constitución, ofrecieron además en las últimas semanas un panorama inquietante en torno a una frase que pronunció de manera reiterada Marcos Peña antes de despedirse de la Jefatura de Gabinete, tras la derrota del 2019. “Nadie maneja nada”, dijo en su momento el ex funcionario.
El estado de situación de estos días pareció refrendar ese concepto: en el Parlamento y en la Justicia hay zona liberada. El miércoles, antes de la conferencia de prensa de los abogados de las militantes y funcionarias detenidas por la jueza Sandra Arroyo Salgado, operadores del kirchnerismo se comunicaron con fuentes del Gobierno para saber si había habido una injerencia del Ejecutivo en esa decisión judicial. Contestaron que no. Les creyeron.
En ese estado de confusión global, en el sistema político impera aún una sensación generalizada de que el Gobierno tendrá una performance destacada en las elecciones de octubre, y que después de los comicios tendrá un número mayor de legisladores para avanzar con el paquete de reformas en carpeta. “Después de las elecciones vamos a fondo”, repite en su intimidad Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación que vive sus últimas horas con plenos poderes y facultades delegadas -“Es capaz de no dormir estos días”, ironizó un amigo- y en estado de éxtasis al igual que el resto de los funcionarios que pasaron por el gobierno de Macri, como Patricia Bullrich, Luis Caputo o Vladimir Werning.
El ex presidente sigue con atención al Gobierno, y escucha el pronóstico de los economistas amigos mientras monitorea la alianza electoral en territorio bonaerense que empezó a formalizarse a partir del último viernes, con la decisión de la mesa partidaria del PRO bonaerense de avanzar en ese sentido. Macri también ve luces de alerta. Como siempre, le preocupa especialmente el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Junto a su primo Jorge deberán definir si habrá o no un acuerdo en la capital en octubre. Por lo pronto, ya decidió que no será candidato este año. Bullrich se encamina a una postulación con altísimas chances de obtener un resultado muy auspicioso.
