Que el Senado sesionará en los próximos días, sea la semana a punto de iniciarse o la siguiente, es un asunto casi confirmado y el mismo tendrá, como punto de partida, la insistencia de la ley que vetó el Ejecutivo sobre la emergencia en discapacidad -ya avanzó en Diputados-, y la modificación de la norma vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta trascendental sobre la que el Gobierno -como todos los últimos- hizo uso y abuso. A pesar de esto, será clave una inminente reunión de Labor Parlamentaria -en principio, el martes-, donde algunos bloques ya observan la oleada opositora y sugieren no olvidar temas que esperan desde hace meses en la Cámara alta, algo que podría complejizar el aterrizaje al recinto.
“Tampoco podemos pretender que el kirchnerismo y un puñado de radicales ahora enojados quieran manejarnos la agenda. Tenemos que meter lo que va saliendo también de acá. Si no, ¿para qué vamos a las comisiones a dictaminar?”, comentó un senador de peso a Infobae. Desde otra bancada sentenciaron: “En Diputados tan mal no se manejaron, ya que el quorum fue obtenido gracias a guiños para acelerar otras cuestiones. ¿Por qué no hacerlo acá?”.
Lo cierto es que las sugerencias para sumar iniciativas están direccionadas a un viejo pedido para sesionar de la radical -pero que tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) y del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta). El enojo principal contra la senadora es que “se cortó sola” con la jugada e incorporó una bandeja amplia de proyectos con despacho que, según las gafas con las que se la mire, tiene objeciones.
El texto que implosionaría el recinto es el que aumenta penas para las falsas denuncias, que estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de este tipo. “Puede convertirse en un desastre”, advirtió a este medio un experimentado senador en junio, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar y votar la norma propuesta por una legisladora radical como cruzada personal, situación que genera desconfianza, incluso, en su propio espacio.
La Casa Rosada dio la orden tiempo atrás de no validar ningún proyecto relacionado con cuestiones sanitarias que impliquen gasto. En los últimos días habría quedado fuera de este lote la denominada “ley Nicolás”, que fue aprobada por Diputados a fines de 2023. El objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.
Por otra parte, la iniciativa plantea, en su artículo 18, que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica que para las que requieran “la valoración de una destreza técnica” se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”.
Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios al régimen de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.
Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.
