El bloque de diputados bonaerense del PRO presentó un proyecto de ley para implementar el régimen de “Ficha Limpia” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que busca impedir el acceso y la permanencia en cargos públicos de personas condenadas por delitos contra la administración pública, alcanza a sujetos con condenas en segunda instancia. Se presentó luego del rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado bonaerense y en medio de la eventual candidatura bonaerense de la expresidenta Cristina Kirchner, quien sobrevuela a una diputación provincial por la Tercera sección electoral.
El proyecto se presenta en un contexto político marcado por el estado judicial de la expresidenta y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.° 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como “Vialidad”.
Si bien el fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre de 2023, aún resta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la condena no está firme. Ayer, la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se agrave la condena actual contra la exmandataria en la llamada “Causa Vialidad”. Casal propone no solo una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita, sino también la ampliación de los bienes decomisados, que podrían alcanzar los 5.321 millones de pesos argentinos.
De esta forma, los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tienen ante sí una decisión que trasciende lo estrictamente penal. Además de la condena, está pendiente la aplicación de una inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos, lo que afectaría directamente las aspiraciones políticas de Fernández de Kirchner.
Una de las posibilidades que barajaba un sector del peronismo antes del debate del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, era que la expresidenta encabece la lista seccional por la Tercera en las elecciones del próximo 7 de septiembre. Tras el rechazo a la iniciativa en el Senado, rápidamente se insinuó que CFK podría encabezar la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Fuentes calificadas de La Cámpora plantearon a Infobae que el plan para que CFK dispute una diputación provincial seguía intacto, pese a no tener vigencia Ficha Limpia, al menos durante lo que resta del año y los primeros meses del 2026.
En lo que respecta al proyecto bonaerense -que lleva las firmas de los diputados del PRO, Martín Endere, María Paula Bustos, Gustavo Coria y Ana Salaberry– se aplica una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, estableciendo que las personas condenadas en segunda instancia por los delitos mencionados no podrán postularse como candidatas a cargos electivos provinciales o municipales.
También se aclara que la inhabilitación tendrá vigencia desde la fecha de la condena, salvo que esta ocurra en el mismo año del proceso electoral, en cuyo caso la restricción se aplicará tras la finalización de las elecciones.
Además, se plantea que los partidos políticos deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos, tanto titulares como suplentes, la presentación del certificado de antecedentes penales. La omisión de este requisito podrá derivar en la exclusión de la lista del proceso electoral, ya que sería considerada “incompleta”.
El proyecto extiende también la posibilidad de adhesión voluntaria al régimen de Ficha Limpia a entidades gremiales, empresariales y sociales que participen de cuerpos colegiados con funciones de conducción o control. Según lo estipulado, tanto el Poder Ejecutivo como las cámaras legislativas y los municipios deberán definir oficinas responsables de verificar la información presentada.
El impulso del PRO a esta ley responde también a una estrategia de confrontación con el kirchnerismo en las puertas de la campaña electoral. La condena a Cristina Kirchner, aunque no firme, alimentó el argumento opositor que también se vio con fuerza en la campaña porteña y la candidatura a Legisladora por el PRO, Silvia Lospenatto de que se requieren mecanismos legales más estrictos para impedir que personas con causas por corrupción continúen ejerciendo o aspiren a cargos de relevancia.
Este es el segundo proyecto de ley con dicho espíritu que se presentó en el último tiempo en la Cámara baja bonaerense. Semanas atrás, había sido el bloque de la Coalición Cívica el que había impulsado una iniciativa similar. En esa oportunidad el texto fue trabajado por la diputada Romina Braga y acompañado por la jefa de bloque de ese espacio Maricel Etchecocin Moro y el diputado Luciano Bugallo.
