A 50 años del mayor operativo contra el movimiento obrero durante un régimen constitucional, el Tribunal Oral Federal de Rosario dictó la absolución de los 17 acusados en la causa de “El Villazo”, como fue conocida la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución y su posterior represión ilegal, en el marco del “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en marzo de 1975.
El tribunal falló a favor de los empresarios, civiles, policías y militares acusados de los homicidios, secuestros y torturas cometidos en la localidad santafesina entre los años 1975 y 1976, en la antesala del golpe de Estado de 1976. El operativo tuvo como blanco a 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas.
Por entonces, operaba en todo el país -en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón- un aparato de persecución ilegal hacia militantes y dirigentes sindicales críticos.
El proceso judicial había generado expectativas por tratarse del primer caso en Santa Fe que podría comprobar la responsabilidad y complicidad empresaria con la represión ilegal. Conocida la sentencia, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denunciaron la sentencia como “vergonzosa”.
La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural. Por su lado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también reclamó condenas a perpetuidad para civiles y penas de entre 16 y 25 años para los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión.
Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci– resolvió absolver a la totalidad de los imputados, lo que provocó conmoción y malestar entre los familiares presentes en la sala. La abogada querellante Gabriela Durruty afirmó en declaraciones a LT8 que los jueces “leyeron rápido el fallo y se retiraron”, sin entregar copia a las partes. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 6 de febrero.
La sentencia estuvo dividida. Los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci beneficiaron con la medida a los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, entre otros, a quienes se imputaban delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. Pellegrini y Torralvo, además, enfrentaban cargos por homicidio agravado que habrían damnificado a varias personas, incluyendo a Jorge Ramón Chaparro y Julio Palacios.
Pellegrini, Torralvo y Squiro, quienes se encontraban en prisión preventiva, se les dispuso la liberación inmediata.
Dentro del tribunal, el juez Germán Sutter Schneider emitió un voto en disidencia en el que consideró que 30 detenciones efectuadas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos ocurridos en el mismo periodo, constituían delitos de lesa humanidad. Schneider consideró también que las víctimas fueron perseguidas por su vínculo con la “Lista Marrón”, liderada por Alberto Piccinini. En consecuencia, propuso condenar a Roberto Álvarez a ocho años de prisión e inhabilitación especial por privación ilegítima de libertad agravada y a Roberto Pellegrini a seis años como partícipe necesario del mismo delito sobre Roberto Justo Martínez.
La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Hernán Kovacevich, representante de varios expolicías federales, celebró el fallo y sostuvo que “se hizo justicia” debido a que “ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo, modo o lugar”. Además, planteó que la denuncia se fundamentaba en “presunciones infundadas” y solicitó la nulidad del proceso por falta de pruebas, señalando que el fallo absolutorio “ratifica que no hubo prueba ni delito”.
Por parte de la querella, la abogada Durruty anunció que buscarán revertir la decisión absolutoria ante el Tribunal de Casación, planteando que la resolución se alinea con “el clima político de época”.
Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH, también advirtió que apelarán la sentencia. “Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época”, dijo en diálogo al medio La Retaguardia.
El caso
Los sucesos conocidos como el “Villazo” se desarrollaron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, ciudad que había experimentado un notable crecimiento como centro industrial tras su origen portuario y agroexportador. Durante esos días, el conflicto se gestó en el núcleo de las plantas metalúrgicas locales, con protagonismo de empresas como Acindar, Marathon y Metcon. Un amplio sector de trabajadores impulsó la toma masiva de fábricas para exigir elecciones libres en la conducción de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del cuerpo de delegados, apoyados por otros obreros, campesinos y comerciantes.
El conflicto se desencadenó el 7 de marzo, cuando los delegados normalizadores designados por la conducción nacional de la UOM, Fernández y Oddone, ingresaron a la planta acompañados por un “rompehuelgas”. Tras recibir abucheos de numerosos operarios, los interventores enviaron telegramas de expulsión a 11 activistas opositores, lo que derivó en una asamblea donde 1.500 obreros votaron por realizar un paro en solidaridad con los expulsados y en rechazo a la intervención. El conflicto entre la conducción de la UOM y las bases se extendió y se propagó a otros establecimientos, que involucraron piquetes, barricadas y hechos de violencia.
En respuesta al movimiento levantisco, las autoridades nacionales buscaron desactivar un supuesto complot “subversivo” en la zona. El operativo “serpiente roja del Paraná” pretendía paralizar la región que aún permanecían con un alto nivel de activismo gremial y político, a través del desplazamiento de las conducciones sindicales de los gremios más importantes en la zona industrial comprendida entre Campana (al norte de la provincia de Buenos Aires) y la localidad de San Lorenzo (al norte de Rosario en la provincia de Santa Fe).
En este marco, una investigación reveló el rol central que tuvo la represión ilegal el 20 de marzo de 1975 en la siderúrgica Acindar, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura, siendo su puesto de presidente del directorio ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Dentro de la planta, comenzó a funcionar un centro clandestino de detención en lo que se conocía como “Albergue de Solteros”. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los oficiales de las fuerzas represivas se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos y la firma aportó pagos extraordinarios a todo el personal policial que participó.
Según la acusación de la causa, los imputados Pellegrini y Torralvo eran los dos responsables empresariales procesados. Los testimonios los mencionan como los nexos entre la empresa Acindar y las fuerzas represivas, que utilizaron información, infraestructura y recursos logísticos y materiales que sólo la empresa podía proveer para identificar y perseguir a los trabajadores.
La represión continuó luego durante la dictadura cívico-militar. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
