El mensaje de la “autocrítica” de Javier Milei, limitado y expuesto en la noche de la derrota electoral, parece un capítulo rápidamente agotado para el oficialismo. No es original pero sí visible el giro, fuerte y a la vez contradictorio. El Gobierno decidió radicalizar su discurso, como si fuera señal de fortaleza: amplió la construcción del enemigo, sumando empresarios y medios periodísticos a la política en general. Y a contramano de su eje de campaña -jugada a nacionalizar y polarizar-, empezó a ensayar una línea de desnacionalización de los comicios bonaerenses. Todo, junto a una imprecisa convocatoria a los gobernadores, que vuelve a nacionalizar el tema, al menos por sus efectos. Y que aumenta el foco sobre el posible veto a leyes que mostraron una inusitada confluencia legislativa, expresión también del extendido malestar de los jefes provinciales.
La decisión presidencial no se agota en ese punto. Fuentes del Senado informaron que ya fue girado al Gobierno el rechazo al veto de la ley sobre emergencia en el área de Discapacidad. Esa decisión expuso una convergencia llamativa en el heterogéneo mundo no estrictamente violeta. En la votación de la cámara Alta, LLA quedó en soledad y apenas reunió 7 votos frente a los 63 que fueron contra la resolución de Milei. En el Gobierno analizan como empantanar el tema, por la vía judicial.
Ese es el cortinado de fondo para la medida que debe tomar el Presidente entre este miércoles y el viernes. Son tres las leyes que están a tiro de veto. El tema más sensible está centrado en la situación del Garrahan, que al igual que discapacidad, anotó votaciones de alto impacto en las dos cámaras del Congreso. También está en la lista el financiamiento universitario. Y para completar, un punto de menor repercusión, pero especialmente significativo en este contexto: el sistema de distribución de Aportes del Tesoro Nacional. El reclamo sobre los ATN también contó con un respaldo sin antecedentes cercanos: fue motorizado por los veintitrés gobernadores y el jefe de gobierno porteño.
Es un dato mayor frente a la idea de un llamado a gobernadores para reponer puentes de negociación. Expone una discusión presupuestaria sobre el impacto real de la ley, porque el oficialismo sostiene la consigna general de defender la cuenta fiscal y desde las provincias hicieron circular, de arranque, un informe según el cual el efecto es mínimo (0,03 del PIB) o nulo. Eso mismo ahora adquiere otra dimensión política.
Los gobernadores expusieron diferentes señales frente a la derrota electoral violeta en la elección bonaerense. Pero más allá de esas reacciones, asoman recelos y hasta rechazo, incluso entre los más dispuestos a conversar, por la falta de señales concretas sobre la convocatoria oficial a una “mesa de diálogo federal”, tarea nada nueva y que otra vez estaría a cargo de Guillermo Francos. No hay margen para la foto sin mínimos compromisos previos.
Una franja importante de gobernadores deja trascender malestar luego de una cuidada reacción inicial, expresada por medidos mensajes públicos o el silencio. Fue un dato en sí mismo que los que eligieron pronunciarse, lo hicieron apuntando al impacto sufrido por Olivos y, en su mayoría, sin exponer nada que pudiera ser interpretado como un gesto hacia Axel Kicillof. El gobernador celebró el triunfo escalando en la disputa con el Gobierno, paso visible de su objetivo central: correr a CFK como contracara de Milei y afirmar su proyecto presidencial.
La media docena de gobernadores que se agrupan en Provincias Unidas compartió un mensaje apuntado a destacar el resultado bonaerense como parte de una sucesión de elecciones provinciales que, en su mayoría, expusieron un “llamado de atención” a Olivos. En las horas siguientes, algunos endurecieron su posición. Y todos, se encontrarán el viernes, en Río Cuarto. En principio, estarán los integrantes de este grupo: el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora, el chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal, el jujeño Carlos Sadir y el correntino Gustavo Valdés.
Los mensajes de malestar, ya desde hace semanas, eran compartidos por otros jefes provinciales que habían tenido una relación de buen trato con el Gobierno, primero deteriorada por cuestiones de fondos y obras paralizada, y después en muchos casos, por una competencia dura de LLA en sus territorios. De diferente modo, eso quedó a la vista en los casos del tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. El clima se extendió además a distritos en manos de fuerzas provinciales, como Misiones y Río Negro. Nada de lo ocurrido en el Congreso, no sólo con la ley de los ATN, se explica sin este registro.
El Gobierno, de momento, busca salir del sacudón con un endurecimiento discursivo que, por lo demás, desconoce las otras señales dejadas por la larga entrega de elecciones provinciales anticipadas. Milei, en la noche del domingo, buscó mostrar capacidad de autocrítica, aunque exclusivamente “política” y escindida del plan económico, fuertemente fiscalista. Eso fue ratificado punto por punto en su mensaje. La expresión de la autocrítica quedó limitada de entrada por la decisión de no alterar sustancialmente su círculo, con el blindaje de Karina Milei y por ahora sin cambios en la gestión. Las cargas en la interna apuntan contra “los” Menem y el armador bonaerense de la LLA.
La presentación de una “mesa política nacional” no generó señales importantes para el común de la gente. Apenas, algún dato interno de lectura para el mundillo político y empresarial. La foto difundida mostró al Presidente en la cabecera, acompañado por Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni, Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. El mensaje escrito mostró un cierre de posiciones, que trasciende incluso a los mercados como destinatario, quizás para inaugurar una etapa muy confrontativa camino a octubre. La primera pincelada busca presentarlo como una especie de resistencia frente a los “ataques” de políticos, empresarios y medios que buscan “detener el cambio”.
Más llamativo resultó en ese contexto el gesto presidencial de retuitear un mensaje según el cual “lo del domingo fue una elección local” que no sería “extrapolable a nivel nacional”. No parece un hecho aislado. Algunos voceros informales del oficialismo también aportan en esa dirección, matizando la lectura sobre lo ocurrido en la sucesión de comicios provinciales.
Los recortes de ese recorrido de elecciones, que arrancó en abril y sumó diez provincias, no constituyen el mejor camino para el análisis. El oficialismo destacó el triunfo porteño, que le fue útil para subordinar al PRO y que utilizó para tratar de imponer condiciones en otros distritos, con algún resultado. Pero no anotó en su lista derrotas y frustraciones (Santa Fe, Jujuy, San Luis, Formosa), la última de ellas en Corrientes, con un cuarto puesto en la única provincia de esta serie que puso en juego la gobernación.
Más generalizado fue el dato de la baja participación ciudadana. La magnitud del resultado bonaerense casi borró del análisis posterior la cifra de asistencia, también en declive: arañó el 61 por ciento del padrón. Es decir, perforó largamente el piso del 70 por ciento, registrado en los comicios de menor concurrencia (2003 y 2021). Es una señal negativa, alarmante, para todos y en especial para LLA, al menos por dos razones: no sumó mayoritariamente a la franja de votantes del PRO y perdió atractivo para canalizar malhumor social con “la” política.
