El Gobierno Nacional intervino en 164 ocasiones desde el 10 de septiembre pasado para impedir bloqueos sindicales contra las empresas, aunque en la mayoría no tuvo que recurrir a la represión para frustrarlos y apeló a la disuasión por parte de las fuerzas de seguridad.
El dato fue proporcionado por Martín Culatto, director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, en el encuentro realizado este martes por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) en la Universidad CEMA, donde también hablaron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y abogados que asesoran a esa entidad.
Culatto está encargado de la coordinación del protocolo antibloqueos que, a través de una resolución, puso en marcha en septiembre de 2024 la cartera encabezada por Patricia Bullrich, quien iba a participar del encuentro del MEAB, pero no asistió por un problema de salud.
En su disertación, el funcionario afirmó: “Es fundamental el trabajo que hacen las empresas argentinas y nosotros teníamos que ver cómo garantizábamos que el derecho al trabajo se pueda ejercer. A partir de eso se crea esta área, que definió objetivos estratégicos de la Argentina como Vaca Muerta, los puertos, el transporte, la energía o la minería como lugares que el Estado tiene que defender como lo hace en las fronteras, pero vimos que había que darle una vuelta de tuerca más y por eso hablamos con la gente del MEAB y armamos el protocolo antibloqueos”.
Tras explicar en detalle cómo funciona ese procedimiento, que se inicia con un teléfono para denunciar los bloqueos, Culatto dijo que “desde el Gobierno Nacional se pretende un cambio cultural en donde se entienda que el que produce beneficia a todos y que el que protesta bloqueando se perjudica a sí mismo, a sus propios empleados y a sus propios afiliados si es un gremio”.
“Lo que tenemos que hacer es ver cómo, en conjunto, con esta articulación público-privada, hacemos que la Argentina siga creciendo y vaya por un camino en el que que todos nos vayamos fortaleciendo en el crecimiento económico y en el crecimiento de cada uno de ustedes”, señaló al auditorio, compuesto en su mayoría por dueños de pymes que sufrieron un bloqueo sindical.
El encuentro comenzó con unas palabras de María Cecilia Lanús Ocampo y la ex canciller Diana Mondino, autoridades de la Universidad UCEMA, y luego habló el presidente del MEAB, Juan Méndez, quien les dijo a los dueños de las pymes que estaban presentes: “Ustedes son los verdaderos protagonistas, nos acompañan día a día y se atrevieron a dar la batalla a un sindicalismo que nos golpeó y nos llevó a situaciones límite”.
“Hace unos años nos bloqueaban, prendían cubiertas ante nuestras empresas, nos cerraban las entradas y salidas y apretaban a nuestros empleados -dijo-, pero hoy ya no está pasando tanto y eso es el fruto del gran trabajo que se está haciendo desde el MEAB y por el acompañamiento de Patricia Bullrich y del Gobierno Nacional”.
Luego habló Valenzuela en su condición de primer intendente que firma una ordenanza municipal que califica como una falta los bloqueos contra las empresas. El intendente de Tres de Febrero, que pasó del PRO a La Libertad Avanza, brindó detalles de otras medidas que tomó en su municipio, a las que calificó como “ordenanzas pro-inversión y pro-empleo” y que, según destacó, son “la frutilla del postre de todo un trabajo que vengo llevando desde hace cuatro o cinco años, mucho antes de que Javier Milei fuera un posible presidente”.
A continuación, hubo un panel integrado por los abogados laboralistas Fernando Literas y Arturo Deheza, quienes asesoran al MEAB. El primero explicó los derechos legales que tienen los delegados sindicales y las características que deben tener las asambleas de trabajadores, según la legislación, porque son dos aspectos que por desconocimiento de algunos empresarios facilitan el avance indebido de los gremios, mientras que el segundo hizo hincapié en el duro conflicto que atraviesa Lácteos Vidal con el sindicato ATILRA, al que acusó de llevar adelante un “grosero ilícito” contra esa pyme.
Luego hablaron Pablo Torres Barthes y Pablo Salvatori, abogados penalistas del MEAB, quienes se concentraron en la estrategia jurídica que eligieron para denunciar los bloqueos ante la Justicia, que consistió en acusar a sus responsables del delito de desbaratamiento de empresa, contemplado en el artículo 174 del Código Penal.
La norma establece una pena de dos a seis años de prisión para quien “maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.
Por último, dijo unas palabras Verónica Razzini, la empresaria rosarina que creó el MEAB y lo presidió hasta que ocupó una banca de diputada nacional, en diciembre pasado. “Nosotros logramos introducir en la modernización laboral el despido con justa causa por bloqueo de empresas -señaló-. Eso ya es una realidad. Y este año vamos a lograr, con el apoyo de Patricia Bullrich, que el bloqueo sea una figura penal para que se convierta en un delito y terminemos definitivamente con esta manera de actuar de la mafia sindical”.
Secundada por la abogada penalista Florencia Arietto, Razzini logró agrupar a dueños de pymes que eran víctimas de los bloqueos para asesorar a otros colegas a los que les pasaba lo mismo. El MEAB surgió con 18 pymes y hoy, presidido por Méndez, sumó a distintas cámaras para representar a más de 2000 empresas y su tarea fue determinante para los últimos cambios legislativos sobre el tema y medidas gubernamentales como el protocolo antibloqueos del Gobierno.
