Antes de que la oposición lograse el dictamen de la emergencia pediátrica y ponga presión para discutir en el recinto del Senado el proyecto que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, la senadora del PRO por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Riveros, lanzó una polémica frase en el plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto que generó cruces con otros parlamentarios.
«Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado“, dijo en una de sus primeras intervenciones mientras se discutía la emergencia sanitaria de la salud pediátrica.
La frase se dio en el marco del pedido que hizo la titular de comisión de Trabajo y Previsión Social para reorganizar el sistema sanitario en todo el país. En ese sentido, antes de los polémicos dichos, señaló: «La salud de las provincias están en su mínima expresión. A mí me da vergüenza cuando voy a los hospitales que supieron ser modelo en Córdoba y alguno de los ascensores no anda, porque la gestión, y la gestión en salud argentina, deja muchísimo que desear, mucho más allá de los sueldos».
También pidió que dar el “debate de las competencias” y aclaró: “Es puro del Senado, qué tiene que hacer cada jurisdicción. Es un debate de los senadores que nunca ha sido dado. Por supuesto, lo inmediato es discutir los recursos. Hoy estamos discutiendo los recursos. Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción”.
Sus dichos produjo inmediatamente la reacción de otros parlamentarios como Martín Lousteau, quien tomó la palabra minutos después de Álvarez Riveros y reaccionó contra su frase. “Creo que hay otros agraviados, casi insultados en sus palabras”, comenzó.
Y continuó: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso”.
“Aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Entonces, me parece de un nivel de agravio y de violencia inusitado”, añadió.
Por su parte, Lousteau criticó la idea de “una enorme paradoja mental, que es que cada provincia tiene que tener la NASA” y aseveró: “No es así como se organiza un sistema de salud. Precisamente porque hay casos muy específicos que son pocos, pero que la infraestructura básica para poder dar esos tratamientos es carísima. Entonces, no tiene sentido que cada municipio tenga un hospital de alta complejidad”.
En tanto, Álvarez Riveros volvió a tomar la palabra, aclaró que fue malinterpretada y retomó: “Los chicos que se operan en el Garraham no tienen nada que ver en esa discusión. Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pagado por todos… Y que hay que decir la verdad: ¿a quién le provee más servicios? A la población de Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Esa es la mayoría”.
“¿Por qué la salud es de competencia provincial? Porque es donde están las personas. Es esencial que la salud esté lo más cerca posible. Eso es un concepto muy básico», completó.
Posterior a este debate, el plenario de comisiones firmó el dictamen que “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”.
Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
