El Ministerio de Capital Humano informó este jueves la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda., tras detectar hechos que apuntan al uso indebido de fondos públicos y falta de transparencia en la administración de la entidad. La decisión se tomó después de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) iniciara una auditoría el 13 de mayo de 2025. Esta investigación reveló que la entidad había sido gestionada casi en su totalidad por miembros de la familia Morillo, quienes habrían utilizado recursos de la cooperativa con fines ajenos a su propósito original.
La cooperativa se presenta como un nodo para la gestión de residuos sólidos urbanos y de aparatos eléctricos y electrónicos en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el análisis de las actuaciones oficiales muestra que sus recursos habrían financiado gastos de índole personal y familiares. Entre las erogaciones identificadas por las autoridades, figuran pagos de estadías en centros turísticos (un Spa), adquisición de ropa no utilizable en el ámbito laboral, bebidas alcohólicas, un seguro automotor para la hija del presidente de la cooperativa y la compra de una Moto Honda 750, registrada y autorizada exclusivamente a nombre de Héctor Eduardo Morillo.
La maniobra oficial para apartar de manera temporal a la entidad de la operatoria institucional involucra la apertura de un sumario por presunta desnaturalización de fines cooperativos. Según el comunicado del Ministerio de Capital Humano, dentro de la estructura de Recuperadores del Sur se observa que “las actividades de la entidad están guiadas por los intereses de los integrantes de la referida familia, que concentran el control de la misma”, lo que podría indicar un apartamiento de los principios de ayuda mutua y esfuerzo conjunto estipulados en el artículo 2.º de la Ley 20.337 sobre cooperativas.
El documento ministerial precisa que el presidente, Héctor Eduardo Morillo, ocupa ese lugar desde la constitución misma de la entidad; su esposa figura como secretaria y la hija de ambos se desempeña como empleada. Las pruebas reunidas por el INAES, según detalla el texto oficial, permiten observar que “la estructura habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas, vulnerando derechos en beneficio exclusivo de integrantes de la familia Morillo”.
Los auditores registraron no solo el desvío de fondos hacia fines personales, sino también un flujo de transferencias millonarias desde la cuenta de la cooperativa a cuentas particulares de Morillo y su hija. Además, se realizó el cobro de cheques por ventanilla sin documentación que permita comprobar el uso o destino final del dinero. El informe señala que la compra de una motocicleta de alta cilindrada y demás consumos financiados con fondos del colectivo no resultan compatibles con las actividades esenciales de una organización dedicada al reciclaje y recuperación de materiales.
La intervención administrativa surgió como reacción a estos hallazgos. La medida también recogió observaciones sobre la falta de información certera respecto a la identidad de quienes efectivamente llevan a cabo la recolección y procesamiento de los residuos, el volumen real de material recuperado y el destino final de los desechos no reutilizables. Según el comunicado, tampoco existe respaldo documental que permita afirmar que los recolectores forman parte de la entidad como asociados, cuando ese es un requisito sine qua non para el funcionamiento bajo la figura jurídica de una cooperativa de trabajo.
Un posteo realizado el 30 de julio de 2025 por Jaquelina Andrea Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, generó dudas adicionales para los funcionarios nacionales. Flores, cuya vinculación con la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) quedó mencionada en la comunicación oficial, expuso en sus redes sociales la entrega de un camión a favor de la cooperativa, en un acto encabezado junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával. En esa publicación, la funcionaria aseguró que Recuperadores del Sur cuenta con “más de 100 trabajadores”, cifra que el Ministerio de Capital Humano desmintió en su notificación, asegurando que la nómina de asociados es notablemente menor y que no hay registros sobre los empleados que presten el servicio.
