La oposición logró este martes dictaminar los proyectos para aumentar el financiamiento universitario. Los bloques dialoguistas y duros ahora analizan cuándo convocar a una sesión especial en la que también se tratará la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan.
Ambos proyectos -dictaminados hoy- son rechazados por el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de que ponen en jaque el equilibrio fiscal. De hecho, la Casa Rosada adelantó públicamente que los vetaría si finalmente son sancionados.
Milei ya vetó el año pasado una ley para garantizar el financiamiento de las universidades y pudo sostener el veto gracias al apoyo del PRO y un sector del radicalismo que luego conformó un bloque propio (bautizados “radicales con peluca”). Sin embargo, las tensiones por el armado electoral generan dudas sobre un nuevo apoyo de todos los diputados del PRO, los radicales violetas o de los gobernadores.
El oficialismo venía frenando la arremetida opositora gracias a que no convocaba a dos comisiones clave como Presupuesto, que preside José Luis Espert (LLA), y Educación, en manos de Alejandro Finocchiaro. Por eso, en la última sesión la oposición logró aprobar un emplazamiento para obligar a los libertarios a tratar los proyectos en un plenario de comisiones.
“Estamos frente a una crisis fabricada y premeditada porque la política de educación superior del Gobierno es de desprecio a la universidad pública. Más que un reordenamiento lo que estamos viendo en estos dos años es un claro vaciamiento del sistema universitario nacional, que va en correlato con un vaciamiento del sistema de lo público”, sintetizó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
El proyecto, que tiene el respaldo de todos los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone adecuar las partidas presupuestarias y los salarios de docentes y no docentes a la inflación.
Principales puntos del proyecto:
– Establece actualizaciones automáticas de los gastos de funcionamiento:
*El Poder Ejecutivo debe actualizar al 1 de enero de 2025 los montos de gastos de funcionamiento de las universidades nacionales según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
*Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, la actualización será bimestral, combinando: 50% variación del IPC, 25% variación de la cotización de la divisa de referencia para importación y 25% variación promedio de tarifas de servicios públicos.
*Los aumentos otorgados previamente se tomarán a cuenta para el cálculo.
– Ordena la convocatoria a paritarias para recomposición salarial docente y no docente dentro de los 5 días de sancionada la ley. Y aclara que la recomposición salarial de 2024 y la actualización de 2025 no podrán ser inferiores a la variación acumulada del Índice de Salarios del sector público registrado (INDEC).
– Propone la actualización de los programas de becas estudiantiles conforme al IPC.
– Modifica el artículo 58 de la Ley 24.521 para definir criterios objetivos y transparentes en la distribución de recursos, considerando matrícula, tipo de carreras, egresados, áreas estratégicas y vacancias.
– Refuerza la obligación de auditoría y control por parte de la Auditoría General de la Nación, con informes inmediatos al Congreso.
– Faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para cumplir la ley.
El dictamen de mayoría lleva las firmas de los diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. El acompañamiento del último bloque, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, se enmarca en el reciente enfrentamiento de la Casa Rosada con las provincias en torno al reparto de los ATN y los fondos para mantener las rutas.
En tanto firmaron dictámenes propios los diputados del Frente de Izquierda, los radicales del bloque que conduce Rodrigo de Loredo, y también los radicales “con peluca” de La Liga del Interior. Martín Arjol y Mariano Campero habían sorprendido porque en la última sesión votaron a favor del emplazamiento a pesar de que se habían “pintado de violeta” el año pasado.
El PRO, por su parte, no firmó ningún dictamen. Ni siquiera un dictamen de rechazo junto a los libertarios.
“Les pido a los diputados que no van a firmar ningún dictamen que lo piensen. Tenemos algunos días para pensar si queremos una Argentina de la exclusión o si queremos construir un país con progreso y desarrollo como soñaron nuestros abuelos inmigrantes”, planteó la radical disidente Danya Tavela.
Según explicaron a Infobae, un sector del peronismo y de Democracia para Siempre quería convocar a una sesión especial para la semana que viene pero dado que en más de la mitad de las provincias ya comenzaron las vacaciones de invierno existía el riesgo de que algunas ausencias pusieran en riesgo el quórum. También podría influir el paro anunciado por los controladores aéreos que anunciaron medidas de fuerza durante las próximas dos semanas.
Por eso se comenzó a barajar la semana del 28 de julio: esa semana solo CABA seguiría de vacaciones y sería más fácil juntar los 129 presentes para dar inicio a la sesión. “No hay que correr riesgos con el quórum en un tema tan sensible”, explicó una diputada peronista.
