El máximo representante de quien debería ser el contrapeso político del Ejecutivo no se encuentra en el país. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, abandonó el Perú el pasado 3 de mayo, un día antes de que los 13 mineros reportados como secuestrados desde el 26 de abril fueran encontrados sin vida y con rasgos de tortura al interior de un socavón.
De acuerdo con el registro migratorio del integrante de Alianza para el Progreso (APP), se encuentra en Estados Unidos. Aunque no se han esclarecido los motivos de su viaje, ocurre en un momento crítico para el país, pues ya se había reportado el rapto de los trabajadores en Pataz, una provincia de la región La Libertad.
Consultada al respecto, la congresista Gladys Echaíz, integrante del grupo parlamentario Honor y Democracia, lo acusó de tener vínculos con la minería ilegal. “Él es el asesor de todos los mineros ilegales”, afirmó e indicó que el Congreso tiene una responsabilidad significativa en los hechos ocurridos debido a la aprobación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Tenemos mucha culpa en el caso Pataz por haber aprobado esa ley del Reinfo. Se les dijo, se les habló; pero primaron otros intereses”, expresó.
A las críticas por la ampliación del Reinfo se sumó la minera Poderosa, la cual a través de un comunicado, luego de confirmarse la muerte de los trabajadores, consideró que las acciones del Parlamento “han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso».
La compañía vinculó directamente el asesinato de los trabajadores con el avance de la minería ilegal, la cual, según su análisis, se ha consolidado como la principal economía ilegal en Perú. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades, al sector privado y a la sociedad civil para unir esfuerzos y combatir esta problemática antes de que las consecuencias sean irreversibles. “Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”, invocó.
El pronunciamiento también incluyó una crítica directa al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, instándolo a replantear su estrategia para enfrentar la criminalidad en la región de Pataz. La empresa subrayó la necesidad de capturar a los responsables de estos actos violentos y de implementar medidas más efectivas para combatir la minería ilegal, que no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino que también tiene un impacto significativo en el medio ambiente y la economía formal.
El Reinfo, creado como un mecanismo para formalizar a los mineros informales, ha sido objeto de controversia desde su implementación. El Congreso de la República aprobó en diciembre de 2024 una nueva ampliación de este registro, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores que consideran que estas extensiones perpetúan la informalidad y la ilegalidad en el sector minero. Además, existe la posibilidad de que el Gobierno extienda nuevamente el plazo del Reinfo hasta junio de 2025 mediante un decreto supremo, lo que ha intensificado el debate sobre su efectividad.
